Los tres sindicatos -UGT, CCOO y CSIF- rechazaron el decreto andaluz, cuyo contenido les fue presentado por la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, quien declaró al término de la reunión que la Junta "no tenía mucho más margen" de negociación, ya que el real decreto-ley aprobado por el Congreso es una "normativa básica".
Felipe Falcó, portavoz de CCOO, expresó la "indignación" de los sindicatos ante las medidas recogidas en el decreto-ley y denunció que el decreto andaluz que aprobará hoy la Junta "ha superado los términos" de la normativa básica estatal, ya que afectará incluso a las empresas públicas de carácter mercantil.
"Tendríamos que haber podido dar nuestra opinión previamente", recalcó Falcó, que insistió en que el decreto andaluz es "mucho más grave" porque afecta a la negociación colectiva de las citadas empresas.
A su juicio, las medidas de ajuste "han roto toda la negociación colectiva de este país, además del Pacto de Toledo", por lo que aseguró que la huelga de los empleados públicos convocada para el 8 de junio será "la primera, pero con toda seguridad no será la última".
Antonio Tirado, secretario general de FSP-UGT Andalucía, exigió a la Junta que "rectifique" e hizo un llamamiento a los trabajadores para que asistan a todos los actos convocados como "repulsa" a las medidas tomadas".
Andrés Montero, portavoz del CSIF, se quejó también de que no haya habido "negociación ninguna" con los sindicatos y expresó su "rechazo absoluto" al decreto andaluz, ya que "la Junta, en la medida de sus posibilidades, debería paliar la situación".
La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, indicó que había poco margen de negociación y explicó que se van a trasladar las tablas retributivas de la Administración del Estado a la comunidad autónoma.
"El margen es muy difícil porque el decreto tiene que ser de aplicación antes de junio", recordó la consejera, que subrayó: "El empleado público no es el culpable de la crisis, pero hemos pedido un esfuerzo solidario para que contribuyamos entre todos a la recuperación económica".
Recordó que en el caso de las sociedades mercantiles se promoverán las "oportunas negociaciones", puesto que el decreto no es de aplicación directa en este tipo de empresas.
La Junta de Andalucía ahorrará 861 millones de euros durante este año y el 2011 como consecuencia de la reducción del sueldo de los funcionarios públicos.
