Así lo afirmó ayer el vicepresidente ejecutivo y secretario general de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Javier González de Lara, quien señaló que de cobrar la deuda pendiente, las empresas pagarían a sus proveedores, lo que repercutiría de forma positiva en la economía.
En cambio, advirtió de que si los entes locales no saldan su deuda, "muchas empresas no van a llegar a final de año".
Los empresarios, que pronostican una bajada del PIB para 2010 del 0,5% en Andalucía y en Málaga, consideran que el decreto por el que se restringe el crédito a largo plazo a los ayuntamientos en 2011, aparte de reducir su capacidad de inversión, perjudicará "muchísimo" a las pymes.
González de Lara opinó que los ayuntamientos son "víctimas" de un modelo de financiación local "erróneo, que nadie quiere transformar", y que se basó en el "ladrillo", y añadió que en la situación actual "ser alcalde tiene que ser muy duro" porque los regidores no tienen "alternativas".
"Los ayuntamientos no han sabido gestionar en austeridad" en los últimos años, y a ello se une que muchos como los del litoral malagueño tienen que prestar servicios para atender a una población flotante por la que no reciben transferencias.
Los empresarios reivindicaron "certeza económica y seguridad jurídica" para mantener el dinamismo de la economía de Málaga, que años atrás ha liderado el crecimiento económico regional y actualmente aporta uno de cada cuatro euros que recaudan las arcas andaluzas.
Precisamente uno de los efectos que podría tener la reforma laboral que negocian empresarios y sindicatos sería la "recuperación de la confianza", según González de Lara, quien precisó que en la proyección sobre el comportamiento de la economía andaluza no se ha tenido en cuenta esta variable.
Su "receta" para la mejora de la economía en los próximos años consiste en crear más confianza y seguridad jurídica, mejorar la financiación y liquidez, una mayor productividad, reducir la morosidad de las administraciones, los costes laborales y la presión fiscal, explicó.
Para 2010, la CEM auguró la destrucción de unas 2.000 empresas en Málaga, un tercio de las 6.000 pymes y autónomos que se perdieron el pasado año, cuando el PIB se contrajo en la provincia un 4,1 por ciento, seis décimas más que en el conjunto de Andalucía.
