La Mesa del Congreso tiene previsto estudiar el próximo martes, en su primera reunión tras el paréntesis estival, la petición de los dos últimos expresidentes del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto y Manuel Núñez, para percibir la pensión indemnizatoria por su cese, que ronda los 180.000 euros cada uno.
En sendos escritos a los que ha tenido acceso Europa Press, el Tribunal de Cuentas recuerda que los dos expresidentes han dejado de ser consejeros de la institución en la renovación llevada a cabo el pasado mes de julio, que en realidad debía haberse acometido en noviembre de 2010.
Ubaldo Nieto fue presidente del Tribunal de Cuentas durante diez años, entre 1997 y 2007, año en que fue relevado por Manuel Núñez, a su vez sustituido en julio por Ramón Álvarez de Miranda, actual presidente de la institución a instancias del PP, como los anteriores.
Ambos alegan que, conforme a la legislación, tienen derecho a una pensión indemnizatoria del 80 por ciento de su retribución durante un máximo de 24 mensualidades. Dado que los últimos presupuestos fijan el sueldo anual del presidente del Tribunal de Cuentas en 112.578,34 euros, esa pensión superaría los 180.000 euros al final de los dos años.
A raíz del último decreto ley del Gobierno que hace incompatible este tipo de indemnizaciones con otros sueldos públicos, tanto Núñez como Nieto han comunicado a la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda, que mientras cobren del Tribunal de Cuentas dejarán en suspenso su pensión de jubilación que les reserva la Seguridad Social.
DECIDE EL CONGRESO, PAGA EL TRIBUNAL
El Tribunal de Cuentas precisa que no ha declarado el derecho de los expresidentes a cobrar la remuneración de transición y recuerda que debe ser la Mesa del Congreso quien reconozca o no la pensión indemnizatoria reclamada por Nieto y Núñez.
El órgano de gobierno de la Camara Baja, que preside Jesús Posada y donde el PP tiene mayoría absoluta, tiene intención de estudiar este tema el próximo martes para decidir si acepta la petición en todos sus términos o pide algún tipo de ajuste. En ese sentido, es posible que a los expresidentes se les aplique la reducción correspondiente por la supresión de la paga extra de Navidad que se impondrá a los funcionarios y los diputados.
Eso sí, la institución fiscalizadora precisa que si el Congreso da vía libre a la pensión, el dinero de la pensión saldrá del presupuesto de gastos del Tribunal de Cuentas, como establece la ley.
A la espera de que se adopte una decisión, el diputado de IU por Asturias, Gaspar Llamazares, ya ha señalado que resulta "una desmesura" que, en las actuales circunstancias, se vaya a abonar una pensión que en el ámbito privado no sería de recibo y que en el sector público resulta "inaceptable". "En estos momentos me parece inapropiado", ha dicho.
A su juicio, esa pensión indemnizatoria está pensada para compensar a altos cargos por las incompatibilidades que se les aplica a la hora de volver a la iniciativa privada, pero no es el caso de los dos expresidentes, que están en situación de jubilación.
También el expresidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, tiene solicitada una pensión indemnizatoria de 208.000 euros que está pendiente de decisión en el CGPJ. Algunos políticos, como los socialistas Soraya Rodríguez y Tomás Gómez, le han pedido que renuncien a ella dada la crisis económico y el hecho de que no llegó a cumplir su mandato pues salió de la institución tras ser denunciado por otro vocal por supuestas irregularidasdes en gastos de viaje.
