El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) en la que insta al Gobierno a que ponga en marcha las "medidas necesarias" para que las personas con discapacidad usuarias de sillas de ruedas eléctricas puedan desplazarse en tren "con la seguridad necesaria" en los trayectos directos que unen Almería con Madrid.
La iniciativa llega después de la Federación Almeriense de Personas con Discapacidad (FAAM) alertase de que las líneas que desde Almería, Granada, y Murcia realizan el trayecto hasta Madrid no están provistas de plazas 'H', que son las destinadas a viajeros que son usuarios de sillas de ruedas eléctricas, a raíz de la reclamación de cinco socios de una entidad miembro que no han podido hacer uso de este medio de transporte público para desplazarse hasta Segovia a un encuentro de la Asociación Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad (Frater).
La PNL informa de que la "única solución" dada por Renfe a los afectados es la de que se utilice el tren de Almería a Sevilla, que sí tiene este tipo de plazas, y luego de Sevilla a Madrid, que también está adaptado, lo que, según remarca, "encarece el coste y modifica aún más el trayecto".
Los socialistas consideran "inadmisible en pleno siglo XXI" que un transporte público "no disponga de, al menos, una plaza en la que se pueda anclar debidamente una silla de ruedas y que el usuario tenga la mínima seguridad" y que la solución sea "que se desplace a Sevilla y, de esta ciudad, a Madrid".
Según concreta la iniciativa parlamentaria, tras remarcar que la provincia de Almería "está especialmente olvidada por las inversiones del Gobierno en infraestructuras ferroviarias", el tren de largo recorrido a Madrid no dispone de plaza para viajar en silla de ruedas, por lo que se autoriza a que "puedan transferirse a un asiento convencional si la silla es plegable".
Esto es "imposible" para los usuarios de sillas de ruedas eléctricas, "ya que no se disponen de plazas 'H', que, a su vez --añade-- estén situadas en la proximidad de los aseos para que puedan ser utilizados por estas personas en caso necesario".
"Con estas limitaciones, evidentemente no se cumple la normativa y la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar la no discriminación en el acceso a los servicios públicos", concluye.
