El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, ha señalado este martes que ve "difícilmente enmendable en lo sustancial" la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, a la que le ha augurado un "final feliz" en el trámite parlamentario, todo ello en el marco de la 51ª Jornada Corresponsables que organiza la editorial MediaResponsable para reflexionar sobre la confianza de la sociedad en las organizaciones empresariales.
Así lo ha manifestado Jiménez Barrios durante su intervención en la inauguración de la jornada, donde ha apostado por "un refrendo democrático de todas las fuerzas políticas", ya que "si es aprobada por el conjunto de los grupos parlamentarios de Andalucía significará que estamos ante una ley muy importante para el futuro y el devenir de las relaciones políticas y sociales", ha aseverado.
Para el consejero, se trata de "una nueva oportunidad de entre todos volver a hacer historia desde Andalucía, con todo lo que eso significa", al tiempo que "es una oportunidad extraordinaria para hablar de verdad de lo que nos afecta que es hablar de cómo mejorar el marco de las relaciones entre las empresas, los ciudadanos y la propia Administración".
De esta manera, ha explicado que la Ley andaluza de Transparencia responde a la situación actual "en la que todo lo que se mueve y flota en el ambiente de la ciudadanía es la desconfianza generalizada", para lo que se "requiere de ejercicios drásticos e iniciativas potentes para intentar combatir esta desconfianza", y "esto no se puede lograr sólo con discursos, sino con normas y con el cumplimiento de ellas". Y en esta línea, "la Administración ha de dar ejemplo en primer lugar".
Es por ello que ha afirmado que "están convencidos de que es la única manera de romper ese círculo vicioso en el que se encuentran, así como romper esa desconfianza". Y es que, a su juicio, "es fundamental recuperar esa relación de confianza con los ciudadanos y la presunción de la veracidad entre la Administración, las empresas y los ciudadanos".
Para esto, ha indicado que "hay que hacer un ejercicio importante de translación a la ciudadanía de lo que significa esta norma", si bien "la propia ley intenta ser proactiva a la hora de su difusión". En este sentido, ha instado a "aprovechar cualquier marco en el que se permita hablar de la Ley andaluza de Transparencia con el objetivo de que pueda ser discutida y analizada en foros", tales como el que se ha celebrado este martes sobre responsabilidad empresarial, que "también es muy importante porque ese clima de desconfianza existe y es una realidad que hay que combatir", ha añadido.
"Esa es la intención del Gobierno andaluz y en el marco de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía el diálogo es fundamental", ha advertido Jiménez Barrios, quien ha apuntado que "todo lo que tiene que ver con la Administración Pública tiene que estar publicado, en tiempo y forma, en los paneles informativos a través de los portales de Internet", así como que la norma establece "un plazo limitado de contestación obligada a los ciudadanos de 20 días, para que cualquiera que lo desee obtenga respuesta a alguna de sus demandas de información".
CAMBIO CULTURAL
Así las cosas, ha recordado que esta norma parte de la premisa de que "la información no es propiedad de la Administración, sino que es un derecho de los ciudadanos", lo que significa un enorme "cambio cultural", tras lo que ha incidido en que la ley "no obliga sólo a la Junta, sino al conjunto de las administraciones andaluzas, como las diputaciones, los ayuntamientos, fundaciones, consorcios, mancomunidades, en otros".
Del mismo modo, también ha resaltado que las relaciones entre empresa y Administración "van a ser absolutamente transparentes", puesto que "todo aquel que reciba fondos públicos tendrá la obligación de facilitar la información correspondiente de lo que haya sido el objeto contractual entre la empresa y la Administración".
En su opinión, esto significa que la ley "obliga a todo el mundo a organizar estructuras y a establecer herramientas necesarias que posibiliten esa información". "Hay que adaptar todos los mecanismos que hasta ahora han estado funcionando para adecuarlos a la nueva realidad, lo que supone dar una nueva respuesta a una nueva situación que exige planteamientos arriesgados que necesitan de la implicación de todos", ha manifestado.
PROCESO GRADUAL
Por este motivo, ha señalado que "este cambio tan fuerte de cultura obliga a un proceso gradual de puesta en funcionamiento", por lo que ha valorado que "la ley se dé un año de plazo para establecer los mecanismos e instrumentos necesarios para hacer posible que sea efectiva y que no frustre las aspiraciones del cambio cultural que debe producirse en las relaciones entre el administrado y la Administración".
Igualmente, ha reseñado que para que la ley, "efectivamente, se lleve a la práctica, se han introducido medidas coercitivas, con un código sancionador, al que uno puede dirigirse si no encuentra satisfechas sus necesidades de información". La norma contempla un órgano que vigile el cumplimiento de la ley y un código punitivo que haga que, efectivamente, "quien no responda en los términos que la ley contempla pueda ser sancionado".
Finalmente, Jiménez Barrios ha expresado su "satisfacción" por el "buen agrado" con el que "las fuerzas políticas, sindicales y empresariales han acogido la ley, aunque "nos obligará a todos a un ejercicio de transparencia al que no estamos habituados y que, sin embargo, intentará romper el clima de desconfianza generalizado".
