El Pleno ha aprobado un nuevo levantamiento de reparo a los informes de Intervención de Fondos para facilitar el pago de la nómina municipal hasta diciembre. En su valoración política, el equipo de Gobierno socialista ha mostrado su decepción por el voto en contra de la oposición, ya que se trata, asegura, de simplemente abonar los sueldos al personal municipal.
La delegada de Hacienda, María José González, ha vuelto a defender la legalidad con la que asegura actuar en las gestiones económicas, y a este respecto ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que entienda que este tipo de operaciones no viola la Ley en ningún momento como en ocasiones hacer ver la oposición, que con su voto en contra viene presionando al ejecutivo para que saque adelante un nuevo Presupuesto General. González Peña ha enumerado nuevamente el trabajo realizado desde 2015 para acabar con “el caos” económico del Ayuntamiento.
Había más de 30 millones de euros sin contabilizar que ahora se afrontan con fondos de Ordenación del Estado en una operación de 2018 que tampoco entonces contó con el beneplácito de la oposición. A ello se le suma el pago de decenas de millones de euros en deudas históricas con Seguridad Social, Hacienda, Endesa y otras instituciones y proveedores (entre ellos el Consorcio de Bomberos).
Con este panorama, la delegada asegura para sorpresa de la oposición que la aprobación del Presupuesto General está más cerca gracias a las gestiones económicas que situarían al Ayuntamiento en la senda de la normalidad. Durante su intervención, la portavoz del equipo de Gobierno ha recriminado a la oposición que no levantar en su etapa los informes en contra de Intervención, con lo cual sí habría estado incurriendo en alguna ilegalidad, sostiene González Peña. “Ello gastaban sin tener crédito. Gastaban sin levantar los reparos que guardaban en un cajón”, asevera la delegada, que mostró a los medios una sentencia de 2016 que demuestra cómo el Ayuntamiento puso normalidad en la contratación pública instaurando procesos legales. Antes, señala la sentencia, prueba que los contratos de la etapa de Gobierno del PP y Ai-Pro se hicieron a dedo, sin oposición, concurso u otro tipo de procesos contemplados en la Ley.
