La Asociación de Madres y Padres (AMPA) 'El Catón' de la escuela infantil municipal Félix Ortega, en la capital cordobesa, espera que el juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo "vea" que el cierre ha sido "una decisión política", como lo demuestran las pruebas "fundamentales" que se aportan en el juicio, entre ellas "la clave" de la grabación de una técnico que alude al cierre.
Así lo ha manifestado a los periodistas el portavoz de la asociación, Javier Pérez, acompañado por el abogado Valentín Aguilar, tras finalizar la sesión en la que ha declarado una familiar de una de las niñas de dicha escuela; así como la técnica responsable de Educación a la que "grabaron negando a un padre la matriculación de su hijo, cuando ni siquiera se había planteado el cierre".
Junto a ello, se ha tomado declaración a la técnico que elaboró el informe económico, que justificó el cierre, y en próximos días declarará una perito con el contrainforme económico que pone en cuestión los datos que utilizó el Consistorio para el cierre, además de que la administración local "conteste al interrogatorio por escrito" y luego las conclusiones para quedar visto para sentencia.
Al respecto, el portavoz lamenta que es "triste escuchar cómo técnicos del Ayuntamiento defienden que han hecho todo lo posible y se ha cerrado contra su voluntad, cuando se ha presenciado durante el curso que la escuela se iba a cerrar y en esas condiciones nadie matriculaba a su hijo".
No obstante, apunta que "lo más importante es la grabación de la técnico que decía a una madre que para qué iba a pagar la matrícula de su hijo si se va a cerrar". Una prueba que supone, a su juicio, "la clave y que dice claramente que había una decisión política de cerrar", de manera que "se pusieron todos los medios para que los números salieran y luego justificar el cierre".
En cualquier caso, destaca que el objetivo de la demanda "como mínimo es que se reinicie todo el proceso y sea real la comisión de expertos para estudiar la viabilidad de la escuela", porque, en su opinión, "sigue siendo viable y había posibilidad de convenio con la Junta, pero no la querían conveniar", a lo que añade que "se pusieron todos los elementos para poder cerrar y luego se han ido solucionando cosas con costes elevadísimos por no hacer las cosas viables".
Mientras, el letrado ha explicado que "se ha utilizado el año 2012-2013 como referencia a la hora de valorar el coste precio-alumno, cuando si se hubiese utilizado el de cualquier año anterior hubiese sido bastante más reducido porque el número de alumnos era muy superior". En dicho curso, "solamente se matricularon 48 alumnos y en años anteriores la media era de 80".
La citada "reducción", comenta, "se debía según ellos a una cuestión demográfica", si bien subraya que "se atribuía a que se había comentado en todos los ámbitos públicos que esa escuela se iba a cerrar y había habido declaraciones por máximos responsables del Ayuntamiento sobre el cierre", de modo que "así difícilmente ningún padre iba a matricular a un niño sin saber si el curso iba a empezar o no al año siguiente", argumenta.
Según ha detallado el abogado, se han presentado "los diferentes costes, por alumno al mes, elaborados por el Ayuntamiento en menos de seis meses", donde "se pasó de unos 800 euros a 2.200 y a 1.300 euros al final". Por tanto, destaca que "ha habido un cambio de precios que genera una falta de seriedad y decisión premeditada para el cierre de la escuela".
