La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) está proponiendo a sus simpatizantes que colaboren en una campaña de 'acoso' telefónico a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que avale el recurso contra la Ley Antidesahucios que la plataforma quiere presentar ante el Tribunal Constitucional (TC), y que debe formalizar como máximo este viernes, 16 de agosto.
A través de su página web y de diferentes redes sociales, la PAH está difundiendo el teléfono de la oficina del Defensor del Pueblo para que los ciudadanos llamen y pidan a la institución que apoye el recurso de inconstitucionalidad. Asimismo, están haciendo uso de la plataforma oiga.me, a través de la cual se pueden enviar correos electrónicos predeterminados dentro de una campaña organizada.
Con las etiquetas #bancCriminal, #DefensoraDefienda y #ElRecursoDeLaPAH, la organización ciudadana quiere conseguir el máximo número de apoyos para presionar a Becerril, ya que el aval del Defensor del Pueblo es una de las vías para poder presentar un recurso ante el TC. La otra vía abierta --lograr la firma de 50 diputados o senadores-- se antoja más difícil, dado que pese al apoyo anunciado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC, Amaiur y Compromís-Equo al texto de la PAH, el número de avales es insuficiente.
El PSOE, por su parte, sí ha anunciado que recurrirá la Ley Antidesahucios, aunque en lugar de suscribir el recurso de la PAH presentará su propio texto que, basado en fundamentos jurídicos similares, incorporará algunos argumentos adicionales y mejorará la exposición de otros. Sin embargo, la Plataforma Antidesahucios reprocha a los socialistas que intenten "apropiarse" de la iniciativa y se sumen al recurso original.
CARTA A LA DEFENSORA DEL PUEBLO
Antes de iniciar la campaña en redes sociales para que los ciudadanos pidan a Becerril el apoyo al recurso, la PAH ya le había enviado una carta tanto a la Defensora como al resto de parlamentarios explicándoles los motivos de su decisión y también sus principales argumentos en contra de la normativa, aprobada el pasado mes de abril.
En la misiva, la PAH recuerda que es la sociedad civil la que ha "logrado visibilizar el despojo" que las entidades financieras han "perpetrado contra" los ciudadanos y que muchas administraciones públicas han asumido sus argumentos e, incluso, están aplicando parte de las propuestas que recogieron en su iniciativa legislativa popular (ILP) a favor de la dación en pago general y retroactiva.
Por eso, ante una normativa aprobada en solitario por el PP y que, a su juicio, incluye "al menos seis causas de inconstitucionalidad", la PAH pide al Defensor del Pueblo que apoye el recurso para "garantizar que la reclamación popular de justicia sea atendida en los extremos que se recogen". Además, advierte de que seguirá "luchando hasta el último momento" para que esta iniciativa salga adelante porque tiene "detrás la energía de miles de personas perjudicadas, amenazadas y solidarias y también la capacidad jurídica y política para elaborarlo".
Entre los derechos conculcados según la PAH por la Ley Antidesahucios se incluyen vulneraciones a la inviolabilidad del domicilio, la tutela judicial efectiva, la igualdad, a la protección a la infancia y al derecho a una vivienda digna.
