La extracción ilegal de agua subterránea del acuífero 27 para actividades agrícolas ha generado un "daño grave" al Parque Nacional de Doñana, según considera la Fiscalía General del Estado que ha constatado que entre 2009 y 2012 se ha producido una detracción de agua "ilegal y sistemática".
Así de claro lo expone la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado a la que ha tenido acceso Europa Press, que explica que la investigación aún sigue su curso pero que, de momento ha elaborado dos proyectos de querella que afectan a dos grandes fincas, La Borrachuela y Matalagrana, de 150 y 220,27 hectáreas respectivamente.
Estos proyectos de querella se han remitido al fiscal delegado de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Huelva, que las ha presentado en el juzgado de instrucción de Palma del Condado.
Para llegar a formular estas querellas antes se ha concluido en los informes periciales que se ha estado usando agua subterránea del acuífero 27 para sus respectivas actividades agrícolas, "sin que conste autorización alguna" por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que ampare dicha extracción, ni a favor del titular de las tierras ni de los que la explotan, en el periodo de 2009 a 2012.
Esto significa que se ha detraído "ilegal y sistemáticamente" agua de este acuífero y que este hecho ha producido una "alteración" del balance hídrico del mismo.
Además, añade que se ha generado "un daño grave sobre el espacio protegido de Doñana así como sobre las especies que el mismo alberga y sobre el significado ecológico del lugar, lo que podría constituir un delito contra el medio ambiente recogido en el artículo 325 de Código Penal.
La Fiscalía de Medio Ambiente refleja en su informe anual que estas investigaciones se iniciaron a raíz del informe presentado por WWF en 2013 en el que se denunciaba la "competencia desleal de agricultores freseros en fincas de secano en Doñana y sobre la sustracción del agua para el desarrollo de esta actividad".
Debido a la "trascendencia" que la fiscalía observó, comenzaron unas diligencias de investigación para conocer la realidad y los daños que esto pudiera estar produciendo al acuífero 27, precisamente del que se nutre el Parque Nacional.
El documento refleja que el objetivo de las actuaciones era obtener una visión concreta sobre el control del uso del agua en Doñana ya que a pesar de lo que reflejaba el informe de la ONG, hasta entonces las resoluciones judiciales condenatorias dictadas hasta ese momento se debían al cambio de uso de suelo y a delitos contra la ordenación del territorio, ya que se construyeron balsas y casetas para alojar a los trabajadores, e incluso por delito de desobediencia, ya que había una orden judicial para dejar de utilizar los pozos.
Sin embargo, la Fiscalía explica que hasta la fecha no se había profundizado en investigar el uso fraudulento del agua. Esto podría suponer un delito de extracción ilegal del artículo 247 pero también un delito ecológico del 325 del Código Penal.
En el proceso ha participado el equipo de investigación el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, que según la Fiscalía, a petición suya ha realizado una "ingente y profesional labor policial".
En concreto, relata que se ha inspeccionado el terreno cada uno de los pozos o sondeos existentes en todas las explotaciones agrícolas de cada una de las zonas del entorno de Doñana a que se refería el estudio inicial.
Estas son Matalagrana (Almonte), Laguna de las Madres (Moguer) los Hatos (Aznalcollar) Arroyo de la Cañada (Almonte) y Cabecera de la Rocina (Moguer y Lucena).
Con ello, se pretendía comprobar si los pozos estaban en funcionamiento o en disposición de poder hacerlo, recabando, a su vez, la documentación necesaria para poder determinar la legalidad y situación administrativa de cada uno de ellos.
Por parte de la Fiscalía Coordinadora también se pidió información a la Fuerza Pública, los Ayuntamientos afectados, a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a varias Consejerías de la Junta de Andalucía así como a las Asociaciones de Agricultores y Comunidades de Regantes.
Tras disponer de la documentación, se realizó una inspección sobre el terreno, se elaboraron informes de cálculo del agua necesaria de cada explotación agrícola inspeccionada, comparando la cantidad declarada y la efectivamente consumida en un determinado periodo de tiempo.
