La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer de 51 años, vecina de Sevilla, estrangulada presuntamente por su hijo de 17 años con problemas de salud mental, que ha sido detenido, en el núcleo costero de La Antilla, en Lepe (Huelva).
Según han informado fuentes de la Guardia Civil y del servicio de emergencias 112, los hechos tuvieron lugar en la tarde de ayer domingo en una vivienda del edificio Estrella de La Antilla, en la avenida de San Francisco Javier.
A las 17.30 horas el 112 recibió una llamada que alertaba de un posible intento de suicidio de un joven en esta vivienda.
Efectivos de la Guardia Civil y de Emergencias Sanitarias acudieron a la casa se encontraron con la mujer muerta y con el joven, que fue detenido.
Según ha avanzado el diario digital Nius, el presunto agresor tras estrangular a su madre telefoneó a la psicóloga que le atendía, que alertó al padre del menor, que avisó al 112.
Este es el segundo matricidio ocurrido en Andalucía en las últimas horas, ya que también ha sido detenido otro joven de 17 años en Córdoba por matar presuntamente a su madre.
Internamiento cerrado
El Juez de Menores de Huelva ha ordenado el internamiento cerrado para el joven de 17 años, con problemas de salud mental, detenido ayer en el núcleo costero de La Antilla, en Lepe (Huelva), tras presuntamente matar a su madre en la vivienda en la que ambos pasaban unos días de vacaciones.
Según ha informado la Fiscalía de Huelva en un comunicado esta mañana la Guardia Civil ha puesto al joven a disposición de la Fiscalía de Menores, competente para la instrucción del caso.
Las diligencias practicadas "han arrojado indicios suficientes de la existencia de un delito de homicidio y de la autoría del hijo de la fallecida", por lo que la Fiscalía ha solicitado a la juez de menores la medida cautelar de internamiento cerrado.
La jueza ha estimado la petición y acordado dicha medida, cuya duración máxima es de seis meses prorrogables por otros tres; su finalidad es la de evitar la comisión de otros delitos graves hasta que se celebre el juicio -llamado "audiencia" en la jurisdicción de menores- y, eventualmente, se dicte sentencia.
En el hipotético caso de que la investigación de la Fiscalía desemboque en una acusación y se dicte sentencia condenatoria, el menor expedientado podría enfrentarse a una medida de internamiento cerrado de hasta ocho años de duración y una libertad vigilada posterior al internamiento de otros cinco años.
Para esta clase de delitos también existe la posibilidad de que, al alcanzar los 18 año, la medida pueda cumplirse en un centro penitenciario ordinario; mientras tanto, y a pesar de las medidas adoptadas, prevalecen la presunción de inocencia del menor y la persecución del interés superior del menor.