La Plataforma Derecho a Decidir, que se dio a conocer el pasado mes de abril en Jerez, continúa con sus actuaciones para lograr que el Anteproyecto de la llamada Ley Gallardón nunca se convierta en una ley en vigor. Una de estas actuaciones ha consistido en mantener encuentros con los grupos parlamentarios de izquierdas en el Parlamento de Andalucía. Para ello se desplazaron a Sevilla, en la tarde de este miércoles, una veintena de miembros de la misma.
Esta Plataforma, compuesta por partidos políticos de signos progresista, organizaciones sindicales, colectivos sociales y asociaciones de mujeres, se desplazó al Parlamento para reunirse con los grupos parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida con el objetivo de dar a conocer a ambos los proyectos, actividades y planteamientos de este grupo de personas de diferentes sensibilidades políticas, pero con la clara finalidad común de luchar para que nunca se haga realidad la tropelía contra la dignidad de las mujeres que supone este retrógrado Anteproyecto de Ley del PP.
En la reunión con el Grupo Parlamentario Socialista estuvieron presentes la presidenta de la Comisión de Igualdad Carmen Aguayo, Soledad Pérez, portavoz del grupo socialista en esta comisión y María Colón, parlamentaria andaluza.
En la mantenida con el grupo Parlamentario de Izquierda Unida fue Alba Doblas, portavoz del grupo en la Comisión de Igualdad, la compartió la reunión con la Plataforma.
En ambos encuentros de trabajo se intercambiaron iniciativas, propuestas y proyectos de actuaciones para hacer llegar a la ciudadanía el retroceso que supondría la aprobación de este brutal Anteproyecto. Se acordó realizar diferentes actuaciones coordinadas y mantener una fluida comunicación que facilite la posibilidad de ampliar apoyos y aunar esfuerzos.
La Plataforma continúa firme en su propósito de impedir que este Anteproyecto de Ley se haga realidad "porque nos castiga a las mujeres, porque pretende tutelarnos, porque desconfía de nuestra responsabilidad, porque nos falta al respeto como seres humanos, porque vulnera nuestros derechos ciudadanos, porque pone en peligro nuestra salud y nuestra vida y porque relega nuestra voluntad para que otros decidan por nosotras".
